Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
El Código Penal danés establece una serie de delitos y las penas correspondientes en caso de ser condenado. Los delitos se dividen en dos categorías: delitos menores y delitos graves.
Las autoridades del Estado requerido detienen a la persona reclamada e inicia el procedimiento de extradición con una autoridad judicial. Durante esta etapa, el reclamado contará con una defensa adecuada que lo asistirá en el procedimiento de extradición, por lo que en ocasiones el proceso puede ser prolongado, y es muy importante la comunicación entre las autoridades mexicanas con las del Estado requerido para soportar la solicitud de extradición.
La extradición es una figura jurídica que tiene su fundamento en la necesidad de los Estados de concretar sus pretensiones punitivas sobre un individuo que ha violado sus leyes internas, pero que se encuentran imposibilitados para ejercer su jurisdicción penal allende sus fronteras. Asimismo, este mecanismo encuentra su fundamento en el principio de reciprocidad e inmunidad de jurisdicción de los Estados.
La etapa de inicio de la extradición se inicia cuando el Estado requirente presenta una solicitud official de extradición al Estado requerido.
- El derecho a un abogado: todos los acusados tienen derecho a un abogado desde el momento en que son detenidos.
La extradición es un proceso complejo que involucra a dos sistemas jurídicos diferentes y a menudo se enfrenta a desafíos legales y políticos. Para que se lleve a cabo una extradición, es necesario cumplir con ciertos requisitos legales y tener un tratado de extradición en vigor entre los países Source involucrados.
Si se determina que se cumplen los requisitos, se emite una resolución en la que se autoriza la extradición. La persona a extraditar tiene entonces la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante un tribunal mexicano, el cual puede conceder o negar la extradición.
Estos tratados son acuerdos internacionales que establecen las condiciones y procedimientos para solicitar y conceder la extradición. Si no existe un tratado de extradición entre los dos países, entonces no se puede realizar la extradición.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
El juicio se lleva a cabo ante un juez y dos jueces ciudadanos. Los jueces ciudadanos son ciudadanos daneses que son elegidos para actuar como jueces en casos penales. Los jueces ciudadanos tienen el mismo poder que los jueces profesionales en la toma de decisiones.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de have a peek here fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artworkículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de Check This Out las leyes federales.
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